La preadjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT) al consorcio integrado por la firma belga Jan De Nul y la local Servimagnus marca un hito de carácter estructural para la macroeconomía argentina.
Tras concluir una auditoría integral sobre el proceso licitatorio impulsado por la administración nacional, el Ministerio de Economía oficializó la recomendación del oferente ganador, abriendo un período de siete días corridos para eventuales impugnaciones formales. Este paso representa el diseño definitivo del nodo por el cual transita aproximadamente el 80% del comercio exterior del país, proyectando un impacto directo en la competitividad de la producción local a través de una reducción estimada del 13,5% en los costos logísticos de exportación.
El proceso de privatización de la Hidrovía se estructuró sobre un esquema de tres etapas evaluativas, coordinado técnicamente junto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). El análisis de los pliegos no solo contempló el encuadre normativo local, sino también auditorías de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Apnyn) que validaron las mejores prácticas internacionales en materia de infraestructuras críticas. Al mismo tiempo, los tribunales competentes desestimaron las denuncias externas presentadas con el objeto de suspender el procedimiento, lo que dotó al dictamen de una base de legitimidad jurídica ante la ausencia de objeciones por parte de las corporaciones oferentes.
Ponderación de Ofertas: Paridad Económica y Definición por Capacidad Técnica
El desenlace de la licitación expuso una paridad absoluta en la última fase de evaluación económica, donde las dos finalistas presentaron propuestas idénticas que alcanzaron el límite inferior arancelario permitido por los pliegos: USD 3,80 para el primer tramo, USD 4,65 para el segundo y USD 5,78 para el tercero, consolidando una tarifa unificada de USD 14,23 por el recorrido completo. En este escenario de convergencia de precios, la resolución del concurso se dirimió en el terreno de la matriz técnica resuelta en la fase previa, donde Jan De Nul obtuvo una calificación de 66,20 puntos frente a los 42,14 puntos asignados a la firma competidora Deme NV. Por su parte, la propuesta de DTA Engenharia había sido declarada inadmisible en una instancia preliminar por incumplir la garantía de mantenimiento de oferta.
El operador preadjudicado asumirá la gestión, el dragado, la señalización y la modernización tecnológica de la vía navegable por un período de 25 años. El contrato estipula que el consorcio privado absorberá la totalidad del riesgo comercial sin asistencia financiera o avales del Estado, fijando una tasa de ganancia mínima del 6% calculada sobre los peajes efectivamente percibidos. Asimismo, las proyecciones financieras del dictamen técnico estiman ingresos anuales promedio para la empresa de 626,4 millones de dólare—lo que representa un incremento del 10,31% sobre el modelo de referencia inicial—, proyectando una recaudación global de 15.660 millones de dólares hacia el término de la concesión de un cuarto de siglo.
Mecanismos de Legitimación Institucional y Auditoría de Procesos
Uno de los pilares analíticos que sostiene la validez del esquema licitatorio radica en el proceso de participación ciudadana y consultas previas instrumentado por el Palacio de Hacienda. A través de mesas de concertación técnica desarrolladas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, se incorporaron requerimientos específicos de cámaras empresarias y usuarios directos de la traza fluvial. El mecanismo de observaciones previas canalizó más de 200 consultas técnicas durante un lapso de tres meses, derivando en modificaciones en los pliegos de bases y condiciones orientadas a facilitar la concurrencia de operadores de primera línea global.
Finalmente, la auditoría ambiental cumplimentó las fases de exposición pública de informes de impacto con la intervención de más de 240 expositores acreditados. La articulación permanente con la Unctad en el diseño del esquema contractual procuró blindar el procedimiento frente a futuras contingencias legales. De este modo, la modernización tecnológica y la readecuación tarifaria de la principal vía de salida de la producción agroindustrial argentina ingresan en su etapa de ejecución definitiva, sujeta a la aprobación del decreto presidencial de adjudicación.

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