El proyecto de ley orientado a derogar la Ley de Etiquetado Frontal (N° 27.642, reglamentada en 2022) abre un complejo escenario de discusión técnico-política que excede la simplificación de la carga burocrática. Mientras el Poder Ejecutivo fundamenta la medida en la necesidad de reducir limitaciones regulatorias y «armonizar» criterios comerciales dentro del Mercosur, el bloque científico, la academia y más de 300 organizaciones civiles advierten sobre las consecuencias estructurales de desmantelar una política pública de transferencia de información que busca corregir la asimetría informativa en las góndolas.
El argumento de la «armonización regional» bajo la lupa analítica
El argumento oficial para sustituir la normativa vigente se centra en la eliminación de barreras económicas y el alineamiento con los socios comerciales de la región. Sin embargo, un análisis comparativo de los modelos de etiquetado vigentes en el Cono Sur demuestra que la «armonización» propuesta implicaría una reducción sustancial de los estándares de calidad informativa y una flexibilización de los umbrales de tolerancia de componentes críticos (azúcares, sodio, grasas saturadas).
Según informes técnicos elaborados por la Fundación Sanar, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN) y la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), el modelo argentino —basado en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)— es el más riguroso de la región.
| País | Modelo de Etiquetado | Capacidad de detección de exceso de azúcares (en yogures) |
| Argentina | Octógonos negros (Perfil OPS) | 68% |
| Uruguay | Octógonos (Perfil modificado) | 9% |
| Brasil | Sistema de «Lupa» | 1% |
La evidencia empírica internacional, principalmente la recolectada en Chile desde la implementación de su norma en 2016, demuestra el impacto macroeconómico y conductual del sistema de octógonos: se registró una reducción del 24% en el consumo de bebidas azucaradas, lo que convalida la efectividad de la advertencia visual directa sobre el diseño de «lupa» o los esquemas informativos tradicionales de letra chica.
Indicadores de salud y distorsión del mercado
La necesidad de regulación estatal en el mercado de alimentos procesados responde a una crisis sanitaria reflejada en las estadísticas oficiales de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS):
- Malnutrición infantil: Argentina lidera la región con un 12,6% de sobrepeso en menores de 5 años.
- Prevalencia en adultos: La obesidad en el segmento adulto supera el 25%.
- Vulnerabilidad en la infancia: Datos de UNICEF estiman que el 35% de las calorías diarias en niños, niñas y adolescentes son aportadas por productos ultraprocesados.
«El proyecto legislativo que propone el gobierno para reemplazar a la ley vigente debe comprenderse en una agenda de desregulación más amplia. Fundamentan la derogación con argumentos falaces, diciendo que la ley impide la reformulación de productos o que traba el comercio, cuando en realidad responde a la enorme capacidad de lobby de las corporaciones alimentarias», señala María Belén Nuñez, nutricionista y directora de la Fundación Sanar.
El valor técnico del etiquetado frontal radica en su función como ecualizador de mercado. Al limitar la publicidad de ultraprocesados dirigida a las infancias y establecer entornos saludables en establecimientos educativos, la ley interviene en un entorno saturado de estrategias de marketing que inducen a decisiones de consumo erróneas bajo la falsa premisa de adquirir productos saludables.
La genealogía de la flexibilización
El actual intento de derogación constituye la segunda fase de un proceso de desconfiguración de la norma que inició a finales de 2024. El 26 de diciembre de ese año, el Ejecutivo modificó el mecanismo de cálculo pericial: los octógonos dejaron de evaluar los nutrientes intrínsecos de los alimentos para pasar a medir únicamente los azúcares y grasas añadidos en el proceso industrial. Esta medida técnica redujo de inmediato la cantidad de advertencias en las góndolas (como en el caso de mermeladas o jugos estrujados), licuando el alcance preventivo de la ley.
Estudios de percepción y comportamiento de compra validados por el Ministerio de Salud de la Nación y UNICEF demuestran que el 90% de la población considera que los octógonos permiten una identificación veloz de los perfiles nutricionales desfavorables. Asimismo, el sistema logró modificar la intención de compra en categorías clave: un 63% en bebidas, un 62% en yogures y un 50% en galletitas.
La supresión total del marco regulatorio vigente plantea, desde la perspectiva del análisis de políticas públicas, un retorno a la opacidad informativa. Al eliminar la estandarización científica del etiquetado, el consumidor pierde el acceso a datos fidedignos, consolidando una estructura de mercado donde las corporaciones externas e internas operan sin controles de advertencia sanitaria, transfiriendo los costos de la malnutrición directamente al sistema de salud pública.
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