El impacto de esta medida en la coparticipación bonaerense abre un nuevo frente de análisis económico ante las reformas sugeridas por el organismo internacional

La propuesta del Fondo Monetario Internacional para modificar el Impuesto al Valor Agregado, Ganancias y el Monotributo busca incrementar la recaudación nacional en un 3,3% del PBI, prometiendo transferir la mitad de esos recursos a las administraciones provinciales.

El contexto detrás de las recientes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) expone una encrucijada fiscal de magnitudes para la provincia de Buenos Aires. En el marco de la revisión del Artículo IV, la entidad financiera internacional trazó una hoja de ruta que exige al gobierno nacional presentar una reforma tributaria integral antes de fin de año. El trasfondo del proyecto apunta a reducir los regímenes preferenciales y ensanchar la base imponible del sistema para obtener una ganancia de recursos equivalente al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI).

Para el territorio bonaerense, el diseño de este esquema resulta crítico debido al peso de su entramado productivo y de servicios. Las proyecciones del organismo multilateral indican que el 50% de la nueva recaudación neta se destinará de forma directa a las arcas de los estados subnacionales. Sin embargo, la contrapartida de este beneficio financiero implica una fuerte presión sobre los ingresos de los sectores medios y los trabajadores formales de la región, mediante una reestructuración de los tributos más masivos del consumo y el empleo.

Las 3 claves para entender la reforma propuesta se centran en la unificación de las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) —eliminando exenciones sectoriales—, la ampliación del impuesto a las Ganancias para que alcance al menos al 20% de los asalariados formales, y un endurecimiento del régimen del Monotributo. Según los datos del informe, la carga fiscal de los pequeños contribuyentes genera una distorsión estructural respecto al régimen general, por lo que se plantea homogeneizar las alícuotas y las contribuciones sociales utilizando plataformas tecnológicas de control.

Desde nuestra perspectiva, el mayor interrogante radica en la viabilidad política de coordinar estas modificaciones entre la Nación y la administración provincial. Aunque el FMI contempla una flexibilización gradual de los impuestos distorsivos, como las retenciones a las exportaciones de granos y los gravámenes sobre transacciones financieras —lo que dinamizaría el cordón agroindustrial del interior bonaerense—, la contracción inicial del mercado interno por la suba de la presión fiscal representa un riesgo directo para las PyMEs locales.

La tendencia de los próximos meses estará marcada por la negociación técnica para equilibrar la eficiencia recaudatoria con la equidad social. La viabilidad del plan de estabilización del gobierno nacional dependerá de su capacidad para amortiguar el impacto sobre los hogares vulnerables, en un escenario donde la provincia de Buenos Aires necesita con urgencia recomponer sus recursos fiscales pero no cuenta con margen para asimilar un mayor enfriamiento del consumo minorista.