El proyecto de Presupuesto 2027 plantea modificaciones en el sistema de prestaciones y en las pensiones por discapacidad, además de una reducción real del 13,9% para el programa Incluir Salud respecto de 2026, según un análisis de ACIJ. El Gobierno sostiene que las personas con discapacidad son una prioridad, mientras organizaciones y especialistas cuestionan distintos aspectos de la iniciativa.
El debate sobre las políticas destinadas a las personas con discapacidad volvió a ocupar un lugar central a partir de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla modificaciones en las prestaciones, cambios en el régimen de pensiones y una reducción de los recursos destinados al programa Incluir Salud.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada que “las personas con discapacidad son prioridad para el Gobierno nacional”. La declaración se produjo en medio de las repercusiones por los cambios incluidos en el proyecto presupuestario.
El proyecto fue presentado el 15 de septiembre y prevé gastos por $202,1 billones. Dentro de ese esquema aparecen distintas modificaciones que afectan de manera directa a las políticas vinculadas con las personas con discapacidad.
Cambios en las prestaciones
Uno de los puntos centrales está relacionado con el Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
Los artículos 39 y 41 del proyecto modifican el mecanismo vigente para establecer los aranceles de las prestaciones. El sistema actual contempla un valor homogéneo, mientras que la propuesta permitiría que cada organismo obligado determine los valores en su relación con los prestadores.
Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), esta modificación podría generar diferencias entre los valores abonados por distintos organismos y producir desigualdades en el acceso a las prestaciones. La organización sostiene que quienes dependan de entidades que paguen tarifas más bajas podrían encontrarse con una menor oferta de servicios o con cambios en las condiciones de atención.
Otro aspecto cuestionado está relacionado con la actualización de los aranceles. El análisis publicado por Chequeado sobre el proyecto señala que la iniciativa elimina el mecanismo de actualización vinculado a la inflación y modifica el esquema por el cual los aranceles son uniformes para las instituciones.
Qué propone el proyecto para las pensiones
El Presupuesto 2027 también plantea cambios en el régimen de pensiones surgido a partir de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La normativa vigente establece una pensión por invalidez para personas sin recursos o con discapacidad y contempla la compatibilidad del beneficio con un empleo formal.
El proyecto propone modificar ese esquema. Entre los cambios señalados se encuentra la eliminación del otorgamiento automático del beneficio para las personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el restablecimiento de la incompatibilidad entre la pensión y un empleo formal.
También se plantea eliminar la exigencia de cobertura médica obligatoria para los titulares de las pensiones.
ACIJ sostiene que estas modificaciones restringirían el alcance del régimen creado por la Ley de Emergencia en Discapacidad y afectarían algunas de las garantías incorporadas por esa normativa.
Incluir Salud: qué pasa con los recursos
Otro de los puntos centrales está relacionado con Incluir Salud, el programa destinado a brindar cobertura sanitaria a personas beneficiarias de determinadas prestaciones por invalidez laboral.
De acuerdo con el análisis de ACIJ sobre el Presupuesto 2027, el programa tendría una reducción real del 13,9% respecto de 2026 y del 19% en comparación con 2023.
La discusión presupuestaria se produce además en un contexto en el que distintas instituciones vienen reclamando por dificultades vinculadas con la provisión de medicamentos, pañales y otros insumos.
Entre esas instituciones se encuentra el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, que alberga a más de 400 personas con discapacidad y que reclama desde hace meses por la situación de los insumos vinculados con Incluir Salud.
Fernando Montero, coordinador técnico de la institución, señaló que el programa continúa sin entregar determinados medicamentos, pañales y apósitos desde noviembre de 2025 y explicó que, ante esa situación, algunos de esos elementos esenciales son obtenidos actualmente mediante donaciones.
Cómo evolucionaron las pensiones por invalidez
Los datos oficiales también permiten observar cómo evolucionó la cantidad de pensiones y el valor de las prestaciones durante los últimos años.
En 2024, la cantidad de pensiones por invalidez aumentó un 1,1% interanual, hasta alcanzar aproximadamente 1,22 millones de prestaciones.
Durante 2025, la tendencia se modificó y se registró una caída del 3,4%. De esta manera, el año terminó con alrededor de 1,18 millones de prestaciones activas, un número 2,3% inferior al registrado en 2023.
La evolución también puede observarse en términos de ingresos.
El monto promedio de la prestación registró durante 2024 una caída interanual del 13,9% en términos reales, es decir, una vez descontado el efecto de la inflación.
En 2025 se produjo una recuperación real del 2,35%, y el haber promedio alcanzó los $284.717.
Sin embargo, al comparar el nivel de 2025 con el de 2023, el resultado acumulado muestra una contracción real del 11,9%.
El antecedente de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Los cambios incluidos en el Presupuesto 2027 se inscriben en una discusión que comenzó varios años atrás y que tuvo como uno de sus principales puntos de referencia la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
La norma fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Las dos cámaras legislativas insistieron con una mayoría de dos tercios y dejaron sin efecto el veto.
Finalmente, el Poder Ejecutivo promulgó la ley en septiembre de 2025, aunque dejó suspendida su ejecución hasta que el Congreso definiera cómo financiarla.
En diciembre de ese año, un juzgado federal de Campana anuló la suspensión y ordenó que la normativa fuera aplicada de manera inmediata.
Posteriormente, en febrero de 2026, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, en el marco de las decisiones judiciales. La emergencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga por un año.
El debate por una nueva ley permanente
Mientras se discute qué ocurrirá con la emergencia, la Cámara de Diputados también comenzó a analizar una propuesta para establecer un régimen permanente.
El 9 de septiembre de 2026, la Cámara baja aprobó el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para avanzar con el tratamiento de un proyecto que propone prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Al mismo tiempo, el oficialismo presentó una iniciativa diferente para reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente.
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría el 23 de septiembre en un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, con 42 firmas. Según la información oficial de Diputados, la propuesta busca establecer un régimen permanente para las personas con discapacidad.
Entre los puntos destacados por la diputada Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, aparecen el mantenimiento de la pensión no contributiva por discapacidad, su compatibilidad con el trabajo hasta determinado nivel de ingresos y la continuidad de la universalidad y homogeneidad de los aranceles del nomenclador, junto con un mecanismo de actualización.
De esta manera, existen actualmente dos discusiones legislativas relacionadas: por un lado, la posible prórroga de la emergencia y, por otro, la propuesta oficial para establecer un régimen permanente.
Auditorías y suspensiones de pensiones
Otro capítulo de la política de discapacidad durante la actual gestión comenzó en julio de 2024, cuando el entonces vocero presidencial Manuel Adorni anunció el inicio de auditorías sobre las pensiones por discapacidad.
A partir de ese proceso, el Gobierno informó la suspensión de 65.789 pensiones que, según la administración nacional, no cumplían con los requisitos establecidos.
Sin embargo, el proceso de notificación generó cuestionamientos. Para junio de 2025, el 46% de las cartas enviadas no habían sido entregadas: eran 385.993 sobre un total de 834.167 comunicaciones.
Según la investigación realizada por Chequeado, entre los problemas detectados hubo citaciones dirigidas a lugares inexistentes o a instituciones que no realizaban los controles correspondientes.
La investigación también dio a conocer casos de personas que perdieron sus pensiones sin haber recibido las comunicaciones correspondientes. Entre ellos fueron mencionados Víctor Ruiz, de Salta, y Ezequiel Bravo, de la provincia de Buenos Aires, quienes se enteraron de la suspensión cuando el dinero dejó de aparecer en sus cuentas bancarias.
La causa por presuntas coimas en la ANDIS
A este escenario se sumó en agosto de 2025 una causa judicial vinculada con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El 20 de agosto de ese año se difundieron audios atribuidos al entonces director ejecutivo de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se denunciaba un presunto esquema de retornos del 8% relacionado con la compra de medicamentos.
Al día siguiente, el Gobierno separó a Spagnuolo de su cargo y dispuso la intervención de la ANDIS.
La investigación judicial quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello. En febrero de 2026, el magistrado procesó a Spagnuolo y a otros 18 acusados, en el marco de la causa que investiga el presunto circuito de coimas en el organismo.
Así, el debate sobre las políticas de discapacidad llega al tratamiento del Presupuesto 2027 después de una serie de modificaciones normativas, auditorías, reclamos por prestaciones y una investigación judicial que atravesó a la agencia encargada de administrar parte de estas políticas.
El proyecto presupuestario deberá continuar ahora su recorrido legislativo, mientras distintos sectores analizan el impacto que podrían tener los cambios propuestos sobre las prestaciones, las pensiones y los programas de cobertura destinados a las personas con discapacidad.
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