La jueza Marta Pascual suspendió durante 60 días la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La medida abrió una discusión sobre la capacidad y las condiciones de los centros de alojamiento: actualmente hay 648 plazas disponibles y 679 jóvenes alojados, mientras distintos organismos advierten sobre situaciones de hacinamiento y vulneración de derechos.
La aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil quedó suspendida durante 60 días en la provincia de Buenos Aires por decisión de la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
La resolución se conoció el lunes 7 de septiembre, el mismo día en que el Gobierno nacional publicó el decreto reglamentario de la nueva normativa. La ley había comenzado a regir el sábado 5 de septiembre, luego de cumplirse los 180 días establecidos desde su publicación en el Boletín Oficial.
Uno de los principales cambios introducidos por la norma es la reducción de 16 a 14 años de la edad de imputabilidad para determinados delitos cometidos por adolescentes.
Sin embargo, la decisión judicial no cuestiona directamente esa reducción de edad. El eje planteado por Pascual está relacionado con las condiciones existentes en la provincia para aplicar el nuevo régimen y, particularmente, con la capacidad de los establecimientos destinados a alojar a adolescentes privados de su libertad.
Qué decidió la jueza y por qué suspendió la aplicación
Pascual hizo lugar a un habeas corpus presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de la libertad en territorio bonaerense.
La magistrada dispuso además la realización de una audiencia el 16 de septiembre, a la que deberán concurrir responsables de las principales áreas del Gobierno provincial vinculadas con la implementación del régimen.
En esa instancia deberán informar cuáles son las medidas que ya fueron adoptadas, cuáles están previstas o planificadas y cuáles son los plazos establecidos para llevarlas adelante.
Después de dictar la suspensión, Pascual aclaró que no está en desacuerdo con reducir la edad de imputabilidad. En una entrevista con radio Now sostuvo que no romantiza a los adolescentes que salen con un arma, pero cuestionó la idea de que la modificación legal, por sí sola, vaya a generar mayor seguridad.
“Yo soy del conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó la jueza.
Su planteo apunta así a separar dos cuestiones: por un lado, la discusión sobre qué edad debe tener una persona para ser considerada penalmente responsable y, por otro, las condiciones materiales e institucionales necesarias para que ese régimen pueda aplicarse.
Desde la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense, su titular, José Zerillo, evitó cuestionar la decisión judicial. Explicó que el organismo tiene la responsabilidad de cumplir las resoluciones dictadas por el Poder Judicial y, específicamente, por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Según indicó, la tarea de la autoridad de aplicación consiste en generar las condiciones necesarias para cumplir con las decisiones que establezcan los tribunales.
Por su parte, Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), señaló que el organismo está en desacuerdo con la nueva ley, pero consideró que uno de los argumentos centrales de la suspensión es que actualmente no existen lugares adecuados que garanticen los derechos de los adolescentes detenidos.
También advirtió que el plazo de 60 días dispuesto por la Justicia difícilmente permita concretar grandes mejoras en la infraestructura.
La controversia sumó además una presentación de la asociación civil Usina de Justicia, presidida por Diana Cohen Agrest. La entidad denunció a la jueza Pascual por los presuntos delitos de “usurpación funcional” y “abuso de autoridad” y solicitó participar como amicus curiae en la audiencia prevista para el 16 de septiembre.
Cuántos jóvenes están detenidos actualmente
Uno de los datos centrales para comprender la discusión es la cantidad de adolescentes y jóvenes que actualmente se encuentran alojados en establecimientos bonaerenses.
La jueza Pascual señaló que la nueva legislación no produciría necesariamente un cambio drástico en la cantidad de personas privadas de libertad, porque el sistema procesal provincial ya permite que los jueces de garantías especializados en materia penal juvenil dispongan determinadas medidas.
En ese sentido, estimó que había alrededor de 100 menores de 16 años privados de libertad.
Los datos de la Comisión Provincial por la Memoria, elaborados a partir de estadísticas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, muestran que durante 2025 había 585 jóvenes detenidos en centros cerrados.
De ese total, 41 tenían 15 años o menos, lo que representaba el 7,5%. Además, 268 tenían entre 16 y 17 años y otros 241 tenían 18 años o más.
Según explicó Cipriano García, hasta ahora los jóvenes podían ser detenidos en determinadas circunstancias bajo el artículo 64 de la Ley de Responsabilidad Juvenil provincial. Esa disposición habilitaba la detención como una medida de seguridad destinada a proteger al propio adolescente o a terceros.
El informe “El sistema de la crueldad”, elaborado por la CPM, también registra una evolución en la participación de niños y adolescentes de menor edad dentro del sistema de encierro.
Entre 2020 y 2025, el porcentaje de ingresos de niñas, niños y jóvenes de hasta 15 años pasó del 12% al 20%, el nivel más alto registrado durante los últimos seis años.
El mismo informe advierte sobre distintas irregularidades vinculadas con el funcionamiento del sistema. Entre ellas menciona un aumento en el uso del juicio abreviado como principal mecanismo de condena y los traslados constantes de jóvenes según las plazas disponibles.
Según la CPM, estos movimientos terminan afectando la vinculación familiar de los adolescentes.
648 plazas para 679 jóvenes
La discusión sobre las condiciones de alojamiento adquiere una dimensión concreta cuando se comparan la cantidad de plazas disponibles con el número de personas alojadas.
De acuerdo con información proporcionada a Chequeado por la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense, durante 2026 aumentaron tanto la cantidad de plazas como la cantidad de jóvenes alojados.
Actualmente existen 648 plazas, mientras que hay 679 jóvenes alojados en espacios de privación y restricción de la libertad.
Dentro de ese universo, 61 tienen menos de 16 años y se encuentran bajo medidas de seguridad. Se trata de decisiones judiciales que pueden adoptar los jueces ante situaciones consideradas graves cuando los adolescentes son inimputables.
La diferencia entre plazas y personas alojadas es uno de los elementos que alimentan la discusión sobre el posible hacinamiento.
La provincia sostiene que no existe sobrepoblación, pero desde la CPM cuestionan la manera en que se contabilizan las plazas disponibles.
Cipriano García explicó que los criterios utilizados por la provincia no se ajustan, según su evaluación, a los estándares internacionales de derechos humanos utilizados para determinar la capacidad real de un establecimiento.
Su cuestionamiento apunta a que una plaza no debería calcularse simplemente en función del espacio físico disponible. Para la CPM, las condiciones de alojamiento deben cumplir estándares específicos vinculados con los derechos de las personas privadas de su libertad.
Qué ocurre en los centros bonaerenses
La situación edilicia y sanitaria de los establecimientos es otro de los puntos que aparecen en la resolución judicial.
Desde la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, Zerillo explicó que la provincia lleva adelante un plan de obras destinado a mejorar la infraestructura, con trabajos cuyas fechas de finalización se extienden hasta marzo de 2027.
La estructura provincial está compuesta por distintos tipos de establecimientos. Según la CPM, existen 2 centros especializados en aprehensión, 4 centros de recepción, 17 centros socioeducativos de privación de libertad ambulatoria, 3 establecimientos de modalidad pre-egreso y 13 centros de contención.
Pero la discusión no se limita a la cantidad de establecimientos.
Durante 2025, el programa de Niñez de la CPM realizó monitoreos en establecimientos penales juveniles y registró 1.329 hechos de tortura y violaciones de derechos contra 237 víctimas.
Esto representa un promedio de 5,6 hechos por víctima.
Entre las principales vulneraciones registradas aparecen la restricción de actividades y el aislamiento, con un 12% cada una.
Estos datos forman parte de los argumentos utilizados por quienes cuestionan las condiciones en las que se desarrolla el encierro de adolescentes en la provincia.
Qué dijo la jueza sobre las condiciones de detención
En su fallo, Pascual reconoció que durante el último tiempo se produjeron avances en cuestiones relacionadas con la infraestructura, la alimentación y el acceso al agua potable.
Sin embargo, consideró que esas mejoras todavía no alcanzan para garantizar un piso mínimo de condiciones que permita afirmar que la detención de adolescentes no compromete responsabilidades internacionales de la Argentina.
La jueza vinculó directamente las condiciones de detención con las consecuencias que pueden producirse a futuro sobre la sociedad.
Su advertencia sostiene que el incumplimiento de los derechos mínimos de los adolescentes privados de libertad no constituye solamente un problema relacionado con las condiciones de los establecimientos, sino que también puede tener consecuencias sobre los niveles posteriores de inseguridad y violencia.
En ese sentido, Pascual sostuvo que el hacinamiento de menores puede terminar incrementando esos niveles de violencia e inseguridad.
La suspensión por 60 días abre ahora un período en el que el Gobierno bonaerense deberá explicar ante la Justicia qué medidas tomó, cuáles tiene previstas y en qué plazos puede implementarlas.
La audiencia del 16 de septiembre será el próximo punto central de la discusión, mientras continúa el debate sobre la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil y sobre la capacidad real del sistema bonaerense para afrontar sus efectos.
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