El ministro de Seguridad bonaerense respondió a las críticas del jefe de Gabinete contra Axel Kicillof luego de que la Justicia suspendiera por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Alonso cuestionó que la baja de la edad de imputabilidad pueda implementarse sin nuevos juzgados, fiscalías, centros de reclusión, infraestructura y personal.
La suspensión preventiva por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil profundizó el enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof. En ese contexto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce del jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de las críticas que el funcionario nacional dirigió contra el gobernador por la decisión de la Justicia.
El conflicto se originó a partir del fallo de la jueza de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual, quien suspendió temporalmente en la provincia la implementación de la nueva normativa que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad.
Tras las declaraciones de Santilli, Alonso respondió a través de su cuenta de X y le reclamó que concentre su gestión en los recursos que, según sostuvo, fueron quitados a la Provincia.
“Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”, escribió el funcionario provincial.
El mensaje expuso nuevamente la disputa entre ambas administraciones alrededor de la seguridad, pero también incorporó una discusión vinculada con las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el nuevo régimen penal juvenil.
Alonso cuestionó la falta de infraestructura
El ministro bonaerense sostuvo que reducir la edad de imputabilidad no resulta suficiente por sí solo para implementar una reforma de esta magnitud.
En ese sentido, planteó la necesidad de contar con una estructura específica para que el nuevo sistema pueda funcionar.
“¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud?”, preguntó Alonso.
El planteo apunta directamente a uno de los argumentos utilizados por la Justicia bonaerense para suspender preventivamente la aplicación de la norma.
La jueza Pascual había cuestionado si la Provincia cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para incorporar al sistema a una mayor cantidad de adolescentes.
Para Alonso, esa estructura debe estar acompañada además por recursos económicos e inversión.
Por eso, sostuvo que una reforma de estas características no puede limitarse a modificar la legislación sin garantizar las herramientas necesarias para llevarla adelante.
“Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”, afirmó el ministro.
El reclamo por los recursos bonaerenses
La respuesta de Alonso también trasladó la discusión hacia el vínculo financiero entre la Nación y la Provincia.
El funcionario reclamó los fondos que, según afirmó, el Gobierno de Javier Milei le niega a Buenos Aires y los vinculó directamente con la capacidad provincial para implementar políticas de seguridad.
Desde esa perspectiva, la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil no se limita a la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar sometido al sistema penal, sino que también involucra los recursos necesarios para sostener juzgados, fiscalías, centros de alojamiento, infraestructura y personal especializado.
El ministro bonaerense utilizó ese argumento para cuestionar las críticas provenientes del Gobierno nacional y plantear que la Provincia necesita contar con los recursos necesarios para afrontar las nuevas obligaciones que implicaría la reforma.
El cuestionamiento de Alonso a Santilli
Otro de los puntos centrales de la respuesta del ministro estuvo relacionado con la responsabilidad institucional sobre la suspensión de la ley.
Alonso cuestionó que Santilli responsabilizara a Kicillof por una resolución adoptada por la Justicia.
“¿Por qué le reclama al Ejecutivo una decisión que corresponde al Poder Judicial? ¿No estamos en una República acaso?”, expresó.
De esta manera, el funcionario bonaerense marcó una diferencia entre las responsabilidades del Poder Ejecutivo y las decisiones adoptadas por los tribunales.
La crítica apuntó directamente al modo en que el Gobierno nacional presentó públicamente el fallo, luego de que la jueza Pascual resolviera suspender durante 60 días la implementación del régimen en territorio bonaerense.
Alonso cerró su mensaje con otra crítica dirigida al oficialismo nacional: “O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”.
Qué había dicho Santilli
El cruce comenzó después de las declaraciones de Diego Santilli, quien cuestionó el supuesto silencio de Kicillof frente a la suspensión de la nueva normativa.
El jefe de Gabinete sostuvo que en la provincia, ante determinados delitos cometidos por adolescentes de 14 años, los responsables podrían quedar impunes.
“En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”, afirmó Santilli.
El planteo del funcionario nacional vinculó directamente la suspensión judicial del régimen con la situación de seguridad en la provincia y con la posición política del gobernador bonaerense.
Sus declaraciones fueron las que provocaron la respuesta pública de Alonso y volvieron a colocar la aplicación del nuevo sistema penal juvenil en el centro de la disputa entre Nación y Provincia.
Bullrich también apuntó contra Kicillof
A las críticas de Santilli se sumó Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y exministra de Seguridad.
La senadora acusó a Kicillof de ponerse “del lado de los delincuentes” y también cuestionó el funcionamiento de la Justicia bonaerense.
Bullrich sostuvo que los bonaerenses “viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad” y calificó a la Justicia provincial de “garantista”.
Según la exministra, ese sistema permitiría que los delincuentes continúen “robando, asesinando y destruyendo familias”.
Sus declaraciones se sumaron al cuestionamiento del Gobierno nacional contra la administración bonaerense después de la decisión judicial.
Además, Bullrich había celebrado previamente la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil. Antes de que se conociera la resolución de la jueza Pascual, había publicado: “Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás”.
Una disputa que combina seguridad, Justicia y recursos
El enfrentamiento entre Alonso y Santilli deja expuestas dos posiciones diferentes frente a la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
Desde el Gobierno nacional, las críticas se concentran en la suspensión de una ley que redujo la edad de imputabilidad y en la responsabilidad política que atribuyen al gobierno de Kicillof frente a los problemas de seguridad.
Desde la Provincia, Alonso pone el foco en las condiciones materiales necesarias para aplicar la reforma y cuestiona que se responsabilice al Poder Ejecutivo bonaerense por una decisión adoptada por la Justicia.
En el centro de la discusión aparecen así tres cuestiones: la aplicación de la nueva normativa, la capacidad de la Provincia para implementarla y los recursos necesarios para sostenerla.
Mientras la suspensión judicial se mantiene durante el plazo establecido, el enfrentamiento político entre Nación y Provincia suma un nuevo capítulo alrededor de una de las principales discusiones vinculadas con la seguridad y la Justicia penal juvenil.
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