La jueza de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo y ordenó frenar de manera provisoria la implementación de la Ley 27.801 en la provincia. La medida se conoce luego de la entrada en vigencia nacional de la norma y de su reciente reglamentación por parte del Gobierno.
La Justicia bonaerense suspendió preventivamente por 60 días la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, una reforma que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad.
La decisión fue tomada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de libertad.
El fallo ordenó “suspender de manera preventiva” la aplicación de la nueva normativa en territorio bonaerense durante un plazo de 60 días.
La resolución judicial se produjo en la misma jornada en la que el Gobierno nacional reglamentó el régimen. La Ley 27.801 había entrado en vigencia en todo el país el 5 de septiembre y reemplazó al régimen penal juvenil que se encontraba vigente desde 1980.
El punto más relevante de la reforma es la reducción de la edad mínima a partir de la cual un adolescente puede quedar alcanzado por un régimen de responsabilidad penal: pasó de los 16 a los 14 años.
Por qué la jueza suspendió la aplicación
Uno de los principales argumentos expuestos por Pascual está relacionado con la capacidad de la Provincia de Buenos Aires para implementar el nuevo régimen bajo las condiciones que exige la legislación.
La magistrada cuestionó si la provincia dispone actualmente de las “condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”.
El planteo está directamente relacionado con las consecuencias que podría generar la incorporación de adolescentes de entre 14 y 16 años al sistema penal juvenil.
Según el fallo, la reforma podría producir un “aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas”. Ese incremento estaría vinculado tanto con el ingreso de nuevos adolescentes al sistema como con una posible mayor permanencia dentro de los centros de detención.
La jueza también puso el foco en las condiciones de alojamiento de esos establecimientos.
En ese sentido, advirtió que un eventual incremento de la población detenida podría profundizar el hacinamiento y sostuvo que esa situación “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los propios centros de detención.
Por estos motivos, la magistrada dispuso la suspensión preventiva mientras se analiza la capacidad institucional de la Provincia para implementar las nuevas disposiciones.
Una audiencia para evaluar cómo aplicará la norma la Provincia
Como parte de la resolución, Pascual convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10.
En esa instancia deberán presentarse funcionarios del Poder Ejecutivo bonaerense responsables de implementar el nuevo régimen.
El objetivo será que expliquen cuáles son las medidas que ya fueron adoptadas, qué acciones tienen previstas y cuáles son los plazos establecidos para llevarlas adelante.
Durante el período de suspensión, el Ministerio de Seguridad, el organismo provincial de Niñez y el Ministerio de Justicia bonaerense quedaron a cargo de garantizar el cumplimiento de la medida judicial.
De esta manera, la resolución no solo frena provisoriamente la aplicación de la reforma en territorio bonaerense, sino que también obliga a las autoridades provinciales a informar cómo prepararon la estructura necesaria para afrontar los cambios introducidos por la nueva legislación.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
La Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial en marzo de este año, reemplazó el régimen penal juvenil vigente desde 1980.
Además de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la norma establece diferentes límites y modalidades para el cumplimiento de las sanciones.
Uno de los principales puntos es que fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, incluso cuando exista concurso de delitos.
La legislación también prohíbe las penas perpetuas y establece que una persona puede cumplir dos tercios de la condena bajo detención, mientras que el período restante puede desarrollarse mediante otras sanciones.
Entre las herramientas incorporadas aparece además el monitoreo electrónico como sanción autónoma.
Para los delitos que contemplen penas de hasta tres años, la ley prevé distintas alternativas a la privación de la libertad. Entre ellas se encuentran las prohibiciones de acercamiento, las tareas comunitarias, la reparación del daño y la amonestación formal.
Por lo tanto, el nuevo régimen no se limita a modificar la edad mínima de imputabilidad, sino que también establece diferentes mecanismos de sanción y modalidades para el cumplimiento de las condenas.
La reacción política tras el fallo
La decisión judicial generó una rápida reacción dentro del oficialismo nacional.
La senadora libertaria y exministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof a través de la red social X.
Bullrich sostuvo que en la provincia el gobernador “se pone del lado de los delincuentes” y relacionó la situación con los problemas de seguridad que, según su planteo, atraviesan los bonaerenses.
La legisladora también apuntó contra la Justicia provincial, a la que calificó de “garantista”, y cuestionó que los responsables de delitos puedan quedar en libertad.
Sus declaraciones se produjeron luego de que la jueza Pascual ordenara la suspensión preventiva de la aplicación de la nueva legislación.
De esta manera, la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil quedó atravesada por una disputa judicial y política en la provincia de Buenos Aires.
Mientras la norma nacional ya comenzó a regir y fue reglamentada por el Gobierno, la Justicia bonaerense dispuso una suspensión provisoria de 60 días para su implementación en el territorio provincial. Durante ese período, las autoridades deberán explicar ante la Justicia qué estructura y medidas tienen previstas para aplicar el nuevo sistema y bajo qué condiciones se incorporaría a adolescentes desde los 14 años.
Más historias
Denuncias contra jueces: qué pasó con las más de 5.000 presentadas ante el Consejo de la Magistratura
Cada vez hablamos menos: la tecnología y los cambios sociales detrás de una pérdida silenciosa de palabras
Inteligencia artificial: qué hay detrás del debate por frenar su desarrollo y cuáles son los riesgos que ya fueron detectados