El diputado Maximiliano Ferraro presentó un informe en el que cuestionó la incorporación de Harbour Energy al consorcio que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La empresa británica tiene antecedentes de explotación de hidrocarburos en Malvinas sin autorización argentina y una inhabilitación que, según la denuncia, continúa vigente hasta 2028.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó un informe en el que cuestionó la decisión del Gobierno nacional de otorgar beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a un proyecto en el que participa la petrolera británica Harbour Energy plc.
Según la documentación difundida por el legislador, la compañía forma parte del consorcio empresarial que accedió al régimen de promoción a través del denominado “Proyecto de Licuefacción de Gas Natural”, ubicado en el Golfo de San Matías, en la provincia de Río Negro.
El punto central de la denuncia es el antecedente que vincula a Harbour Energy con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. Ferraro sostiene además que la empresa mantiene una sanción administrativa que se originó cuando operaba bajo otra denominación comercial.
El proyecto en cuestión es gestionado por Southern Energy S.A., compañía en la que Harbour Energy posee el 15% de participación accionaria.
A través de la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo aprobó la adhesión del emprendimiento al RIGI como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. De acuerdo con el informe, esta incorporación implica el acceso a beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante décadas.
La iniciativa contempla además un importante despliegue logístico en la Patagonia. Entre las operaciones previstas figura la llegada mensual de buques destinados al traslado de aproximadamente 3.500 tubos de cañería.
El antecedente de Harbour Energy en Malvinas
Uno de los principales argumentos del informe presentado por Ferraro está relacionado con la identidad jurídica de Harbour Energy.
El legislador incorporó documentación del registro mercantil del Reino Unido, Companies House, con la que busca demostrar que la actual Harbour Energy plc es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC.
Según esos registros, la sociedad está inscripta bajo el número SC234781 y realizó un cambio de denominación el 31 de marzo de 2021.
Para Ferraro, este dato resulta determinante porque el cambio de nombre comercial no implica la creación de una nueva persona jurídica. Por ese motivo, sostiene que las sanciones que pesaban sobre Premier Oil continúan alcanzando a Harbour Energy.
El antecedente se remonta a septiembre de 2013, cuando la Secretaría de Energía, mediante la Resolución 481, sancionó a Premier Oil PLC con una inhabilitación por 15 años.
La medida fue adoptada en el marco de la Ley 26.659 y estuvo vinculada con tareas de exploración de hidrocarburos realizadas en la plataforma continental próxima a las Islas Malvinas sin autorización oficial argentina.
De acuerdo con el informe presentado por el diputado, esa inhabilitación permanece vigente hasta 2028.
Qué cuestiona la denuncia sobre el RIGI
El planteo de Ferraro se concentra en la compatibilidad entre esa sanción y los beneficios otorgados mediante el RIGI.
La denuncia sostiene que la Ley 26.659 establece restricciones que no se limitan a las empresas que realizan directamente las operaciones hidrocarburíferas. Según la interpretación expuesta en el informe, las prohibiciones también alcanzan a accionistas y controlantes comprendidos por la normativa.
En ese marco, el legislador sostiene que el Estado nacional no debería celebrar contratos ni conceder determinados beneficios a compañías alcanzadas por las sanciones previstas en esa legislación.
La discusión, por lo tanto, no se limita a la participación accionaria del 15% que Harbour Energy tiene en Southern Energy, sino que apunta a determinar si los antecedentes administrativos de la petrolera británica debieron ser considerados antes de aprobar la adhesión del proyecto al RIGI.
Para Ferraro, también debe analizarse el hecho de que Harbour Energy y Premier Oil sean, según la documentación presentada, la misma persona jurídica pese al cambio de denominación realizado en 2021.
El pedido de explicaciones al Ministerio de Economía
A partir de estos antecedentes, Ferraro reclamó explicaciones públicas a los ministros de Economía y de Finanzas para determinar qué controles se realizaron antes de que el Gobierno aprobara la Resolución 559/2025.
El diputado cuestionó específicamente el proceso que llevó a dictaminar y posteriormente autorizar la incorporación del proyecto al RIGI.
En ese sentido, planteó la existencia de una posible “doble vara” por parte de la administración nacional. Según su cuestionamiento, mientras el Gobierno anuncia querellas y acciones administrativas contra empresas petroleras que operan en el Atlántico Sur, al mismo tiempo habría otorgado beneficios fiscales y cambiarios a un proyecto en el que participa una compañía con antecedentes de sanciones vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas.
La denuncia apunta así a determinar si hubo una falla en los mecanismos de control utilizados para verificar los antecedentes de las empresas que participan de proyectos alcanzados por el régimen de promoción.
Otros negocios de Harbour Energy en Argentina
El informe de la Coalición Cívica también pone el foco en otras actividades de Harbour Energy dentro del país.
Entre ellas, menciona la participación de la petrolera en operaciones vinculadas con el sector energético offshore, particularmente su control indirecto sobre el lote gasífero Tauro-Sirius, ubicado en la cuenca marina austral.
El dato es incorporado por Ferraro como parte de su planteo para que se revise la situación de la compañía y el alcance de sus operaciones dentro del territorio y las áreas marítimas argentinas.
Por ese motivo, el legislador pidió que la Autoridad de Aplicación analice de manera inmediata la adhesión al RIGI concedida al proyecto de licuefacción de gas en Río Negro.
El objetivo del pedido es determinar si corresponde revocar los incentivos otorgados o, en caso de que se configuren incumplimientos, iniciar los sumarios previstos por la normativa vinculada con la soberanía hidrocarburífera.
El eje de la denuncia queda así concentrado en una cuestión: establecer si la participación de Harbour Energy en el proyecto beneficiado por el RIGI resulta compatible con la sanción que, según el informe presentado por Ferraro, permanece vigente hasta 2028 y con las restricciones establecidas por la legislación argentina sobre explotación de hidrocarburos vinculada con las Islas Malvinas.
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