La reducción de la flota de colectivos en el AMBA no solo afecta la frecuencia del servicio, sino que consolida una crisis ocupacional con la pérdida de miles de puestos de trabajo.
El sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa un proceso de achicamiento que trasciende la discusión tarifaria. Según datos recientes, la operatividad del sector cayó hasta un 40% en los últimos siete años, lo que derivó en la eliminación de más de 5.300 puestos de choferes desde 2019. Esta situación es el resultado directo de una estructura que no logra equilibrar el aumento de los costos operativos con el esquema vigente de subsidios y recaudación.
Las 3 claves para entender este fenómeno se centran en el desfasaje de los costos de los insumos, la presión fiscal y la caída real de las compensaciones estatales. El informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA) destaca que el combustible se ha convertido en el principal factor de asfixia para las empresas. Mientras los subsidios se calculan sobre valores teóricos, el precio de mercado ha superado ampliamente esas previsiones, obligando a las cámaras empresarias a reducir la cantidad de unidades en calle.
El trasfondo de esta crisis muestra un desequilibrio estructural entre el interior del país y el conurbano bonaerense. Tras la eliminación del Fondo de Compensación, las tarifas en las provincias han escalado por encima de los valores reales de la prepandemia, situándose un 45% arriba de los registros del AMBA. Esta tendencia ha llevado a que el peso del transporte sobre el salario alcance niveles críticos en grandes centros urbanos, afectando la movilidad social y la economía doméstica de manera directa.
Lo que nadie está diciendo sobre esta problemática es que la reducción de 2.359 unidades de transporte en los últimos siete años implica una degradación del servicio que difícilmente se recupere en el corto plazo. La falta de inversión en la renovación de flota y la pérdida de mano de obra calificada son factores que condicionan la escala del sistema. Sin una inyección de fondos o una readecuación tarifaria que contemple el valor real de los insumos, la tendencia hacia un sistema de transporte más pequeño y costoso parece irreversible.
Esta dinámica plantea un escenario de incertidumbre para los miles de usuarios que diariamente dependen del colectivo para acceder a sus lugares de trabajo. La consecuencia de un transporte desfinanciado no es solo una espera más larga en la parada, sino una precarización del acceso a la ciudad y una vulneración de la conectividad en los sectores que más lo necesitan.

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