El reclamo de diversos gobernadores por un ordenamiento tributario vuelve a poner en agenda la necesidad de una reforma estructural para eliminar impuestos distorsivos.
El contexto detrás de la reciente cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) revela una tendencia creciente entre los mandatarios provinciales: la urgencia de establecer reglas claras de juego fiscal. Gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza) han coincidido en que la superposición de gravámenes y la presión impositiva actual resultan insostenibles para el desarrollo productivo, marcando un punto de inflexión en la relación con la administración central.
Para comprender el trasfondo de esta discusión, es necesario observar la evolución de los acuerdos previos. El pacto de 2017 es recordado por los especialistas como el intento más serio de reducir Ingresos Brutos, un tributo que genera un efecto «en cascada» al encarecer cada eslabón de la cadena económica. Sin embargo, las sucesivas crisis y urgencias financieras llevaron a que, desde 2018 en adelante, esos compromisos de baja de alícuotas se suspendieran o quedaran sin efecto, priorizando la recaudación por sobre la eficiencia.
La consecuencia de este retroceso ha sido la consolidación de una «telaraña» de cobros anticipados y retenciones que inmovilizan el capital de trabajo de las empresas. En la actualidad, el problema no reside únicamente en el porcentaje que se paga, sino en la complejidad administrativa que implica operar entre distintas jurisdicciones. Los especialistas advierten que, sin un mecanismo real de cumplimiento, cualquier nuevo consenso corre el riesgo de convertirse en una medida superficial sin impacto en la economía real.
Bajo esta perspectiva, un acuerdo fiscal genuino debería enfocarse en desmantelar los regímenes de recaudación anticipada y aliviar la carga sobre el sector primario y la industria. La posibilidad de implementar esquemas de IVA diferenciados, como sugieren algunos mandatarios del sur, añade una nueva capa de complejidad al debate federal que marcará la agenda política de los próximos meses.
El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de los tres niveles del Estado para sostener el compromiso en el tiempo, evitando que las necesidades fiscales de corto plazo vuelvan a desmantelar un sendero de alivio impositivo.
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