El proyecto impulsado por el Gobierno nacional busca modificar aspectos centrales de la normativa vigente desde 2010, alterando los criterios de internación y el rol de los hospitales monovalentes.
El contexto detrás de la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) revela una tensión histórica entre la letra de la ley y su aplicación efectiva en el territorio. Con el envío del nuevo proyecto al Senado, el Poder Ejecutivo intenta redefinir los parámetros de atención, argumentando que la normativa actual presenta una implementación desigual y dificultades operativas para abordar situaciones de urgencia. En nuestra provincia, donde la infraestructura sanitaria convive con una demanda creciente, estos cambios podrían reconfigurar la red asistencial de manera estructural.
Lo que nadie está diciendo sobre esta reforma es que el trasfondo del debate no solo es clínico, sino presupuestario. Mientras el proyecto propone adoptar categorías diagnósticas más precisas —reemplazando el concepto de «padecimiento mental» por el de «trastornos mentales»—, los datos indican que el financiamiento sigue siendo la principal deuda. En 2026, la inversión prevista apenas alcanzaría el 1,42% del presupuesto total de salud, muy lejos del 10% que estipula la ley vigente, una consecuencia directa de años de subejecución que afecta la calidad de atención en los hospitales públicos bonaerenses.
El impacto de esta medida en la práctica cotidiana se sentirá especialmente en el régimen de internaciones. La propuesta busca flexibilizar los criterios, permitiendo que un médico psiquiatra indique una internación involuntaria en situaciones de urgencia sin esperar la evaluación interdisciplinaria previa, la cual debería ratificarse en 24 horas. Esta tendencia hacia una mayor agilidad en la intervención es celebrada por algunos sectores profesionales y familiares, pero genera advertencias en organizaciones de derechos humanos por posibles retrocesos en la protección de las garantías individuales.
Finalmente, el proyecto cuestiona la viabilidad del cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes, una de las metas incumplidas de la ley de 2010. En lugar de su sustitución total por hospitales generales, se plantea fortalecer una red por niveles de complejidad. Esta decisión reconoce las limitaciones de infraestructura existentes, pero abre un interrogante sobre si se mantendrá el espíritu de desmanicomianización o si se consolidará el modelo de instituciones de encierro bajo un nuevo marco legal.
La reforma nos obliga a analizar desde una perspectiva integral si los cambios propuestos resolverán la crisis de cobertura o si, por el contrario, se trata de una respuesta normativa a un problema que requiere, ante todo, recursos y profesionales en el territorio.
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