La declaración de martilleros ante la justicia revela una diferencia de más de 100 mil dólares entre el precio de mercado y lo declarado por el jefe de Gabinete en la compra de un semipiso.
El avance de la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni ha sumado testimonios que exponen una inconsistencia estructural en los valores de su última adquisición inmobiliaria. La declaración de la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi ante el fiscal Gerardo Pollicita confirmó que la propiedad de la calle Miró, en Caballito, fue ofrecida al mercado por 375.000 dólares, una cifra que contrasta drásticamente con los 230.000 dólares que el funcionario hizo figurar en la escritura tras una serie de transacciones poco frecuentes en el rubro.
El contexto detrás de estas cifras sugiere una maniobra de subfacturación que, según la hipótesis judicial, buscó adecuar el precio del inmueble a la capacidad de ahorro declarada por el funcionario. El trasfondo de la operación se vuelve más complejo al analizar el financiamiento: un crédito hipotecario privado otorgado por dos jubiladas de ingresos mínimos, quienes habrían prestado 200.000 dólares sin intereses, un movimiento que los analistas financieros califican como una «donación encubierta» dada la rentabilidad nula de la operación para las prestamistas.
Otro eje que la justicia observa con atención es la tendencia de Adorni a operar fuera de los canales bancarios tradicionales. Los datos aportados por la escribana interviniente en otra compra —una propiedad en el country Indio Cuá— revelan un patrón similar de préstamos privados con intereses variables, mientras que los consumos en tarjetas de crédito del funcionario alcanzarían los 17 millones de pesos mensuales, cifra que difícilmente se condice con sus ingresos registrados en la administración pública.
La consecuencia política de estas revelaciones es inmediata para un gobierno que sostiene su narrativa sobre la transparencia y el combate a los privilegios. La justicia investiga ahora si el flujo de dinero utilizado para viajes en jets privados a Punta del Este, traslados en primera clase a Nueva York y vacaciones en Aruba proviene de ingresos no declarados o de dádivas de empresarios beneficiados con contratos estatales.
La investigación permanece abierta y se espera que las próximas declaraciones testimoniales de los intermediarios arrojen luz sobre la veracidad del financiamiento. El caso pone a prueba la solidez de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y la efectividad de los controles sobre el enriquecimiento de los altos mandos del Poder Ejecutivo.
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