El oficialismo acelera las negociaciones en el Senado para modificar el régimen de tierras y desalojos, una medida con consecuencias directas sobre los barrios populares bonaerenses.
Las 3 claves para entender el nuevo proyecto de Ley de Propiedad Privada radican en la desregulación de la compra de tierras por extranjeros, la aceleración de los tiempos de desalojo y el freno a la urbanización de asentamientos. En el Senado, La Libertad Avanza busca seducir a sectores de la oposición dialoguista para alcanzar el dictamen, en un escenario donde la Provincia de Buenos Aires se presenta como el territorio más sensible a estos cambios estructurales.
Desde una perspectiva técnica, el punto de mayor fricción es la derogación de los límites a la extranjerización de tierras. Actualmente, la Ley 26.737 restringe la titularidad extranjera a 1.000 hectáreas por zona núcleo. El nuevo proyecto busca eliminar este tope, lo que genera dudas en bloques provinciales sobre el control de recursos estratégicos y humedales, fundamentales en el mapa productivo bonaerense.
En cuanto a la realidad urbana, la iniciativa propone limitar las expropiaciones para regularizar barrios populares y eliminar la suspensión de desalojos vigente. Para una provincia que concentra la mayor cantidad de asentamientos del país, esta tendencia legislativa podría alterar la paz social en el Conurbano, dificultando el acceso a la escritura de miles de familias que hoy dependen de la Ley 27.453.
La celeridad en los desalojos es otro eje central: se busca reducir la intimación por falta de pago de 10 a solo 3 días. El Gobierno sostiene que la normativa actual es ineficiente y no garantiza la seguridad jurídica de los propietarios, mientras que sectores de la oposición advierten que, sin un marco de contención, se incrementará la precariedad habitacional en los cordones urbanos.
Finalmente, el proyecto reduce la participación de cooperativas y organizaciones sociales en la obra pública de integración urbana. Esta decisión marca un cambio de paradigma en el manejo de fondos para infraestructura básica, trasladando la ejecución a procesos privados o estatales directos, bajo el argumento de optimizar recursos.
El escenario parlamentario actual sugiere que el oficialismo deberá ceder en los límites cuantitativos de tierras si pretende avanzar. El desenlace de esta negociación determinará no solo la seguridad jurídica de la propiedad, sino también el futuro de la planificación territorial en el suelo bonaerense.
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