Las firmas Ted Bodin y Fantome Group iniciaron el proceso judicial para reestructurar sus deudas ante la caída del consumo y el avance de las importaciones.
En un escenario marcado por la recesión y el cambio en las reglas del mercado, las empresas textiles Ted Bodin y Fantome Group solicitaron formalmente el concurso preventivo de acreedores. La medida busca frenar el desequilibrio financiero provocado por una baja en las ventas superior al 40% en términos reales y el aumento sostenido de los costos operativos, factores que pusieron en riesgo la continuidad de sus plantas y locales comerciales.
La firma Ted Bodin, referente en indumentaria femenina desde 1984, explicó ante la Justicia que, pese a sus esfuerzos por mantener el volumen mediante sistemas de consignación, la pérdida de contratos clave resultó determinante. La empresa advirtió que gran parte de su cartera de clientes optó por reemplazar la producción nacional por artículos importados, lo que calificaron como una «competencia diabólica» que vació su capacidad productiva.
Por su parte, Fantome Group atraviesa una situación financiera crítica que se refleja en sus registros bancarios. Según datos del Banco Central, la compañía acumula 33 cheques rechazados por una cifra cercana a los 45 millones de pesos. Este caso se suma al reciente cierre de otras firmas del rubro, como la red Dfac, evidenciando un efecto dominó que afecta a toda la cadena de valor, desde el hilado hasta el comercio minorista.
El deterioro del sector se fundamenta en un «combo» de variables negativas: aumentos en insumos, energía y salarios, sumados a una carga impositiva que le quita competitividad frente al exterior. Además, la brecha de precios es notable; informes de la UBA indican que, mientras la inflación general superó el 200% en los últimos dos años, la ropa aumentó apenas la mitad, lo que implica una fuerte desvalorización real del producto.
Las estadísticas oficiales respaldan la gravedad del cuadro. Según la CAME, las ventas de indumentaria acumulan una caída del 6,3% en el primer trimestre del año. Ante la falta de liquidez y el desplazamiento de la industria local en favor de lo importado, el concurso preventivo aparece como el último recurso legal para renegociar pasivos y proteger los puestos de trabajo.
La apertura de este proceso judicial abre un período de incertidumbre para los empleados y proveedores de estas marcas tradicionales. El resultado de las negociaciones en los tribunales comerciales determinará si el polo textil nacional puede reconvertirse o si continuará el repliegue frente a la oferta del mercado externo.
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