Conmoción en Pinto: se quitó la vida una abogada que había denunciado a su ex por violencia de género

Verónica Shadya Altamirano, de 29 años, había solicitado medidas de protección un mes antes del trágico desenlace. La Justicia investiga el impacto de la difusión de material íntimo y las amenazas recibidas.

La ciudad de Pinto, Santiago del Estero, se encuentra bajo un clima de profunda consternación tras el fallecimiento de Verónica Shadya Altamirano. La joven abogada y docente de danzas había acudido a las autoridades el pasado 1° de marzo para denunciar a su expareja por violencia física, psicológica y sexual, además de la viralización de videos privados sin su consentimiento. El caso pone nuevamente en el centro del debate la eficacia de las medidas de seguridad en contextos de violencia de género.

La denuncia original, radicada en la Comisaría 17, detallaba un calvario de maltratos que Altamirano calificó como «insostenibles». Según su testimonio, tras finalizar la relación el 26 de febrero, el acusado inició una campaña de hostigamiento que incluyó la exhibición de imágenes íntimas en reuniones sociales y su posterior difusión a través de grupos de mensajería instantánea.

En su declaración ante la Policía, la víctima alertó sobre el carácter sistemático del agresor, señalando que otras exparejas habían atravesado situaciones similares. Asimismo, Verónica manifestó haber recibido amenazas directas por parte del hombre cada vez que ella intentaba formalizar una denuncia legal para frenar el acoso.

A pesar de haber solicitado formalmente que la Justicia interviniera para que el denunciado «depusiera sus actitudes», el acompañamiento institucional no habría sido suficiente para evitar el desenlace. El cuerpo de la joven fue hallado por su padre, un reconocido profesional de la zona, lo que generó un impacto inmediato en la comunidad local.

Actualmente, la investigación se desarrolla bajo un estricto hermetismo, aunque el foco principal de la fiscalía radica en analizar la trazabilidad de las denuncias previas. Se busca determinar si existió una instigación al suicidio o si la desprotección judicial ante la violencia digital y física fue el factor determinante en la decisión de la joven.

El caso de Verónica Altamirano reabre la discusión sobre la «Sextorsión» y la violencia digital en Argentina. Mientras la comunidad de Pinto exige justicia, los investigadores peritan los dispositivos electrónicos del acusado para establecer el grado de responsabilidad penal frente a los hechos denunciados.