La iniciativa de fortalecimiento del sistema de discapacidad podría tratarse el próximo 19 de noviembre en el Senado y cuenta con perspectivas de una aprobación amplia, luego de obtener 237 votos afirmativos en Diputados. Mientras Martín Menem ubica la reforma electoral entre las prioridades del oficialismo, Patricia Bullrich destacó el acuerdo político alcanzado alrededor de la propuesta.
El Congreso retomó su actividad después de la visita del papa León XIV y comenzó a ordenar los temas que buscará resolver antes del cierre de las sesiones ordinarias. En ese escenario, el oficialismo volvió a poner sobre la mesa la reforma electoral y la discusión por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque todavía no tiene asegurados todos los respaldos necesarios.
La definición llegó de parte de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien señaló que la reforma electoral constituye una de las principales prioridades del Gobierno. El proyecto se encuentra en tratamiento en el Senado, donde Patricia Bullrich conduce las negociaciones del bloque libertario.
Sin embargo, mientras las conversaciones para avanzar con los cambios electorales todavía dependen de acuerdos políticos con distintos sectores, Bullrich decidió destacar públicamente otra iniciativa que tiene un escenario legislativo más favorable: el proyecto de fortalecimiento del sistema de discapacidad.
La propuesta podría llegar al recinto de la Cámara alta el próximo 19 de noviembre y cuenta con expectativas de una aprobación holgada. En Diputados obtuvo 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. Además, el peronismo, uno de los espacios que impulsó la iniciativa, anticipó que acompañará el tratamiento.
La diferencia entre ambos proyectos marca dos situaciones distintas para el oficialismo: por un lado, una reforma electoral que todavía necesita reunir voluntades; por el otro, una iniciativa sobre discapacidad que ya demostró contar con un respaldo considerable en la Cámara baja.
Bullrich busca mostrar un acuerdo legislativo
En medio de las negociaciones por la reforma electoral, la jefa del bloque libertario en el Senado se refirió al proyecto de discapacidad y resaltó la posibilidad de alcanzar una solución mediante acuerdos entre distintos sectores políticos.
“Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, escribió Bullrich en sus redes sociales.
El mensaje puso el foco en una iniciativa que cuenta con posibilidades concretas de avanzar y que, a diferencia de la discusión sobre las PASO, ya reunió una mayoría amplia en Diputados.
La fecha prevista para el tratamiento en el Senado es el 19 de noviembre. Si se mantiene el respaldo expresado en la Cámara baja, el proyecto podría conseguir una aprobación significativa. El acompañamiento anticipado del peronismo también aparece como un elemento importante para alcanzar ese resultado.
Qué cambios propone el proyecto de discapacidad
La iniciativa plantea modificar el funcionamiento del sistema de pensiones por discapacidad y elimina la figura de emergencia. En su lugar, establece nuevos requisitos de acceso, mecanismos de control, condiciones para mantener los beneficios y garantías vinculadas con la cobertura médica y el financiamiento de las prestaciones.
Uno de los principales cambios está relacionado con las condiciones para acceder a las pensiones. El proyecto exige que los solicitantes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), acrediten su identidad, edad y nacionalidad, y cumplan con determinados criterios de ingresos y evaluación socioeconómica.
Para las personas extranjeras, además, establece como requisito una residencia legal, continua y mínima de cinco años en el país.
Límites de ingresos y compatibilidad con el empleo
La propuesta fija un límite de ingresos individuales para acceder al beneficio: el solicitante no deberá percibir ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).
A su vez, contempla la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo formal, siempre que los ingresos no superen ese tope. De esta manera, el proyecto establece que una persona pueda incorporarse al mercado laboral sin perder automáticamente la prestación, mientras se mantenga dentro de los límites económicos fijados.
También incorpora un mecanismo para recuperar una pensión que haya sido suspendida por la situación laboral del beneficiario. Si finaliza el vínculo de trabajo o sus ingresos vuelven a ubicarse por debajo del límite establecido, la persona podrá solicitar la rehabilitación inmediata del beneficio.
El monto de las pensiones
Otro punto central es la definición del valor de las prestaciones. El texto establece que las pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad deberán equivaler al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado.
La iniciativa busca establecer un criterio de cálculo para esos beneficios, dentro del nuevo esquema de funcionamiento del sistema.
Auditorías y controles periódicos
El proyecto también establece un mecanismo de fiscalización de los beneficiarios. La Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá a su cargo la verificación periódica de las condiciones que permiten acceder y mantener las pensiones.
En caso de que los cruces de información detecten que una persona podría haber dejado de cumplir alguno de los requisitos, deberá recibir una notificación y tendrá un plazo para presentar su descargo.
Después de ese procedimiento, las autoridades podrán disponer una suspensión preventiva del beneficio. El mecanismo incorpora así instancias de comunicación y respuesta antes de adoptar una decisión sobre la continuidad de la prestación.
Cobertura de salud garantizada
La propuesta incluye una garantía de atención médica para los titulares de las pensiones comprendidas en la iniciativa.
En ese sentido, establece que los beneficiarios tendrán derecho a un programa médico de atención y cobertura que asegure las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901.
Este punto incorpora la cobertura sanitaria como parte de las condiciones que debe garantizar el sistema, además del pago de las pensiones.
Financiamiento y continuidad de las prestaciones
En materia presupuestaria, el proyecto dispone que el Presupuesto deberá contemplar recursos suficientes para sostener el funcionamiento del sistema.
También establece que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al correspondiente al ejercicio anterior. A su vez, habilita la realización de readecuaciones presupuestarias para garantizar la continuidad de los beneficios.
La disposición busca establecer previsiones financieras para sostener las prestaciones y evitar que su funcionamiento quede condicionado a la disponibilidad de recursos sin una asignación específica.
Compensaciones pendientes y capacitación de prestadores
La iniciativa también contempla la situación de los prestadores que todavía tengan compensaciones pendientes de pago.
En esos casos, el Poder Ejecutivo deberá publicar y notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la nueva norma. El texto establece que los pagos deberán completarse dentro de los 90 días corridos para aquellos prestadores que hayan finalizado los trámites administrativos correspondientes.
Además, incorpora la capacitación obligatoria para los prestadores.
Dos discusiones diferentes en la agenda del Senado
La actividad parlamentaria de noviembre encuentra al oficialismo con dos iniciativas de características distintas. La reforma electoral, que incluye la discusión sobre el futuro de las PASO, continúa dependiendo de las negociaciones políticas que encabeza Bullrich en la Cámara alta.
En cambio, el proyecto de fortalecimiento del sistema de discapacidad llega con un antecedente favorable: la amplia mayoría que obtuvo en Diputados y el compromiso del peronismo de acompañarlo.
La intención de llevarlo al recinto el 19 de noviembre le permite al oficialismo avanzar sobre una iniciativa que reúne consensos más amplios, mientras intenta reunir los votos necesarios para modificar el sistema electoral.
Así, el debate sobre discapacidad aparece como uno de los primeros temas con posibilidades concretas de resolución en el Senado, en una etapa en la que el Gobierno busca ordenar sus prioridades legislativas antes del cierre del período ordinario.
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