La crisis del banco paraguayo alcanzó a la tecnológica ITTI y dejó entre 800 y 900 empleados argentinos suspendidos y sin percibir sus salarios. Los trabajadores denuncian que cobraban una parte de sus ingresos mediante recibos formales de Kaitel SRL y otra a través de transferencias desde Paraguay por la plataforma Deel. La investigación fiscal sostiene que Ueno financiaba a empresas del mismo grupo sin garantías y que parte de esos fondos llegaba a ITTI y Kaitel.
La caída de Ueno Bank en Paraguay no quedó limitada al sistema financiero de ese país. La crisis también tuvo consecuencias directas sobre la estructura empresarial del Grupo Vázquez en Argentina: entre 800 y 900 trabajadores de ITTI, su compañía tecnológica, quedaron suspendidos y sin cobrar los salarios correspondientes al mes trabajado. La situación dejó a los empleados sin certezas sobre la continuidad de sus puestos, el pago de las remuneraciones adeudadas y la cobertura de salud.
El 3 de noviembre, alrededor de tres millones de paraguayos perdieron el acceso a sus cuentas bancarias luego de que el Banco Central de Paraguay dispusiera el cierre de las operaciones de Ueno Bank. La entidad pertenecía al Grupo Vázquez y tenía entre sus accionistas al entonces presidente Santiago Peña.
La decisión desencadenó una investigación judicial que alcanzó a 27 directivos del conglomerado y derivó en la destitución de Peña mediante un juicio político. La Fiscalía paraguaya ordenó su arresto y un juez dispuso posteriormente su prisión preventiva.
La acusación fiscal sostiene que, desde agosto de 2023, Peña habría intervenido para que distintos organismos estatales colocaran y mantuvieran fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, una entidad de la que el entonces mandatario tenía participación accionaria. Durante su gestión, además, empresas vinculadas al grupo obtuvieron más de un centenar de licitaciones públicas.
La crisis paraguaya llegó a los trabajadores argentinos
El impacto económico de la caída del banco también alcanzó a ITTI, la empresa tecnológica del Grupo Vázquez que prestaba servicios a Ueno. En Argentina, la compañía contrataba a sus empleados a través de Kaitel SRL, una firma que funciona como sucursal local de otra sociedad paraguaya del mismo nombre.
Los trabajadores explicaron que desde esa estructura realizaban tareas de mantenimiento de software, análisis de datos y desarrollo tecnológico para Ueno Bank. Con el cierre de la entidad financiera, quedaron en una situación de incertidumbre laboral y económica.
“Cero comunicación oficial. Nadie dio la cara. Nos enteramos por nuestros compañeros de Paraguay”, relató a Chequeado Belén Haves, product manager en Kaitel. La empleada señaló que el conflicto se desató cuando faltaban apenas dos días para recibir el pago de los salarios correspondientes al mes anterior, que ya habían trabajado.
Emiliano, líder de ciencias de datos, describió una situación similar: los empleados esperaban cobrar sus remuneraciones cuando recibieron la notificación de que quedarían suspendidos.
El jueves 5 de noviembre, jornada en la que debían percibir sus salarios, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el juicio político contra Santiago Peña. Ese mismo día, Kaitel comunicó a sus trabajadores argentinos que quedarían suspendidos durante 30 días.
El aviso llegó mediante un correo electrónico y estableció que no recibirían sus salarios, ni siquiera los correspondientes al período de octubre que ya habían trabajado.
“Nos llega un mail a primera hora donde nos comunicaban que estábamos suspendidos por 30 días y que no íbamos a recibir el salario, ni siquiera el adeudado del mes anterior”, contó Emiliano. La situación tiene consecuencias particulares para su familia: su esposa dará a luz dentro de tres semanas y teme perder la cobertura médica en un momento en el que necesita garantizar la atención sanitaria.
“Si yo me quedo sin prepaga a días del nacimiento, es muy difícil que otra prepaga me quiera tomar”, advirtió.
La suspensión y los cuestionamientos legales
La comunicación fue enviada desde la dirección notificaciones@itti.digital, en representación de Kaitel, y no tenía una firma identificada. El mensaje responsabilizó por la suspensión a la caída de Ueno Bank, que, según el propio correo, era una fuente de financiamiento de la empresa. Sin embargo, no hizo referencia al pago de los salarios correspondientes a octubre.
La situación abrió interrogantes sobre la legalidad de la medida. Los artículos 218, 219 y 221 de la Ley de Contrato de Trabajo establecen que las suspensiones sin goce de sueldo por causas de fuerza mayor deben estar debidamente justificadas, contar con un plazo determinado y ser notificadas por escrito.
Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, cuestionó que la comunicación de Kaitel cumpliera con esas condiciones. “No se dan los requisitos que establece la ley”, sostuvo.
La suspensión, además, se comunicó en un contexto en el que los empleados desconocen si retomarán sus tareas el 5 de diciembre y si recibirán los salarios pendientes. Tanto ITTI como Kaitel, según los trabajadores, dejaron de mantener contacto con el personal.
El vínculo societario entre ITTI y Kaitel
La estructura empresarial que vinculaba a las compañías también quedó bajo análisis. Kaitel SRL comenzó a operar en Argentina en noviembre de 2024. Según la publicación del Boletín Oficial de diciembre de ese año, su objetivo era “prestar servicios de tercerización de recursos humanos desarrollando tecnología”.
La firma local es una sucursal de una sociedad paraguaya homónima y está representada por Vanessa Godoy Ayala y Carlos Impagliatelli Bareiro.
Sin embargo, Kaitel no aparece en el informe anual 2025 de ITTI. Para Manuel Alonso, secretario gremial de la Asociación Gremial de Computación (AGC), el sindicato que representa a trabajadores informáticos, la organización funcionaba como una forma de tercerización interna del conglomerado.
“Una autotercerización del grupo. Una forma más barata de proveer servicios”, describió.
La composición societaria de la empresa paraguaya también registró modificaciones. De acuerdo con una publicación del Boletín Oficial de octubre de 2025, la casa matriz de Kaitel pasó a estar vinculada a dos sociedades del Grupo Vázquez: WOM 77 SA e Impresión, Distribución y Logística SA.
La primera no aparece mencionada en el acta fiscal. La segunda está representada por César Astigarraga, presidente de ITTI, quien fue imputado en Paraguay como presunto cómplice de lesión de confianza, tentativa de estafa y otros dos delitos, dentro de la investigación por el caso Ueno Bank.
La modalidad de pago: una parte registrada y otra por Deel
Uno de los aspectos más relevantes denunciados por los trabajadores es el mecanismo utilizado para abonar los salarios. Según sus testimonios, aproximadamente la mitad de las remuneraciones se pagaba de manera formal a través de Kaitel SRL, con recibos de sueldo y aportes jubilatorios.
La otra mitad era transferida directamente desde ITTI, en Paraguay, mediante la plataforma Deel. De acuerdo con los empleados, esos pagos se realizaban sin exigir comprobantes legales que acreditaran su incorporación a los registros laborales argentinos.
Una carta de oferta laboral firmada por Astigarraga hacía referencia a una “modalidad de pago mixta”, aunque no detallaba que una parte del salario se abonaría mediante Kaitel y otra a través de transferencias internacionales gestionadas por Deel.
Para Cremonte, ese mecanismo podría estar relacionado con la evasión de obligaciones laborales. “Probablemente sea algo utilizado para evadir el pago de las cargas sociales, como un pago en negro”, señaló.
Los contratos vinculados a las operaciones de Deel eran firmados por Luis Ernesto Angulo Rivera, vicepresidente de ITTI, quien también está imputado en Paraguay dentro de la misma investigación que alcanza a Astigarraga.
La combinación de pagos formales e informales constituye uno de los puntos centrales de los reclamos de los trabajadores, que denuncian haber recibido una parte de sus ingresos por fuera de los mecanismos habituales de registración salarial.
La investigación sobre los fondos de Ueno Bank
El esquema laboral denunciado en Argentina se conecta con otro aspecto de la causa judicial paraguaya: el presunto circuito de financiamiento entre las empresas del Grupo Vázquez.
Según la Fiscalía de Paraguay, Ueno Bank llegó a concentrar entre 800 y 855 millones de dólares correspondientes a fondos públicos y previsionales. La acusación sostiene que la entidad otorgaba préstamos sin garantías a otras compañías del mismo conglomerado, incluso cuando esas firmas registraban altos niveles de endeudamiento.
De acuerdo con la investigación, parte de ese dinero terminaba en ITTI y Kaitel. De esta manera, la causa no se limita al funcionamiento del banco, sino que también examina los vínculos financieros entre las distintas sociedades del grupo y el destino de los fondos que administraba la entidad.
La investigación alcanza a directivos que tuvieron responsabilidades en esas empresas. Entre ellos figuran Astigarraga y Angulo Rivera, quienes aparecen vinculados tanto a la conducción de ITTI como a los mecanismos contractuales utilizados para las transferencias de salarios a trabajadores argentinos.
Incertidumbre por los salarios, el empleo y la cobertura médica
Mientras avanza la investigación en Paraguay, los empleados de Kaitel en Argentina continúan sin respuestas sobre su situación laboral. No saben si deberán reincorporarse el 5 de diciembre, si cobrarán los salarios de octubre ni cómo se resolverá la continuidad de sus coberturas médicas.
Leandro Vildosa, ingeniero de observabilidad en Kaitel, explicó que depende de la obra social por su condición de diabético. La falta de ingresos y la incertidumbre sobre la cobertura sanitaria agravaron su preocupación.
“No tenemos un mango. Nos sentimos completamente estafados y peor, nos sentimos abandonados”, expresó a Chequeado.
Emiliano, por su parte, pidió que los trabajadores argentinos no queden relegados mientras se resuelve la crisis que atraviesa el grupo en Paraguay. “Ojalá después de que puedan resolver todo lo que está pasando en Paraguay quede un espacio para recordarnos, porque también somos damnificados”, manifestó.
El conflicto expone las consecuencias que tuvo la caída de Ueno Bank sobre una estructura empresarial que también operaba en Argentina y que, según los testimonios de sus empleados, combinaba contrataciones mediante Kaitel con pagos salariales desde ITTI a través de una plataforma internacional.
La destitución de Santiago Peña
El desenlace político de la crisis se produjo durante los primeros días de noviembre. El viernes 6, el Senado paraguayo destituyó a Santiago Peña, quien había tenido acciones en una empresa vinculada a Ueno hasta 2025. Durante su gobierno, compañías del Grupo Vázquez habían obtenido más de cien licitaciones públicas.
Esa misma noche, el exmandatario quedó detenido por pedido de la Fiscalía. Al día siguiente, sábado 7 de noviembre, un juez determinó que debía cumplir prisión preventiva.
La investigación sobre el banco y las empresas del conglomerado continúa teniendo repercusiones más allá de Paraguay. En Argentina, entre 800 y 900 trabajadores permanecen afectados por la suspensión dispuesta por Kaitel, sin certezas sobre el cobro de sus salarios ni sobre la continuidad de sus puestos de trabajo.
El caso también puso bajo la lupa la modalidad de contratación y pago utilizada por las empresas del grupo, así como el recorrido de los fondos que, según la acusación fiscal paraguaya, salían de Ueno Bank y llegaban a otras sociedades del mismo conglomerado.
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