El Gobierno busca destrabar el proyecto para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros

Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger se reunieron luego de cuatro intentos fallidos en el Senado y 15 modificaciones al proyecto. El oficialismo busca avanzar con la iniciativa, que genera cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la soberanía y la integridad territorial.

Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger mantuvieron una reunión para intentar destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que volvió a naufragar por cuarta vez la semana pasada. La iniciativa impulsa cambios que permitirían ampliar la posibilidad de venta de tierras a extranjeros y es cuestionada por sectores de la oposición por considerar que podría afectar la soberanía y la integridad territorial.

Bullrich defiende el proyecto y sostiene su postura en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos. Esta interpretación contrasta con la iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense por el jefe del bloque libertario, Agustín Romo, para establecer aranceles en la educación y la salud para inmigrantes.

El Senado intentará tratar y aprobar la ley el próximo 6 de agosto. El proyecto impulsado por el oficialismo tendría los votos necesarios para obtener la aprobación en general, aunque todavía existen dudas sobre algunos de sus artículos centrales. Mientras tanto, en las redes sociales comienza a organizarse una movilización para el día en que la iniciativa sea debatida en la Cámara alta.

Minutos antes de las cuatro de la tarde y con el Congreso prácticamente vacío debido al receso invernal, Sturzenegger llegó al Senado acompañado por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. El encuentro con Bullrich tuvo lugar después de los cortocircuitos registrados la semana pasada entre el ministro y la jefa de la bancada libertaria, situación que terminó provocando el levantamiento de la sesión.

En aquella oportunidad, la senadora había comprometido modificaciones ante los aliados, pero Sturzenegger se había opuesto a esos cambios. Ante ese escenario, Bullrich debió solicitar un cuarto intermedio para evitar que se perdiera todo el trabajo parlamentario realizado hasta ese momento.

El último borrador que circuló antes de la sesión contemplaba otorgar a las provincias una mayor autonomía para autorizar o rechazar la venta de tierras. La salteña Flavia Royón y un sector del radicalismo habían planteado establecer una especie de régimen de habilitación provincial para este tipo de operaciones, una propuesta que el ministro rechazó. Se trató de la modificación número 15 realizada sobre el texto que había obtenido dictamen en mayo.

Luego de la reunión, Bullrich declaró ante los periodistas acreditados: “El ministro aceptó las modificaciones. Tenía algunas dudas, pero se las aclaramos. Le explicamos que los cambios tenían que ver con una mirada mucho más federal respecto del uso de la tierra”.

Ahora, el oficialismo deberá reunir los votos necesarios para avanzar con la aprobación. El conteo que manejan dentro del Gobierno anticipa dificultades en la votación particular. En medio de una interna provincial, los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut podrían votar en contra del proyecto de extranjerización de tierras. Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia, Misiones es, junto con Salta, una de las provincias con mayor cantidad de territorio en manos extranjeras.

La Inviolabilidad de la Propiedad Privada es uno de los proyectos que mayor importancia tiene para Javier Milei. Junto con el Súper RIGI, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma de la Ley de Sociedades, forma parte del esquema normativo que el Gobierno busca impulsar para atraer inversiones y facilitar la participación de grandes capitales.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó la iniciativa a través de su cuenta de X. “Estamos frente a un modelo que nos empuja hacia una plutocracia, donde determinadas corporaciones concentran niveles crecientes de influencia, información privilegiada y capacidad de decisión sobre asuntos del Estado, derivando en una suerte de totalitarismo privado. Todo ello es incompatible y peligroso para una democracia republicana”, advirtió.

Constitución a medida

Frente a los cuestionamientos de la oposición, Bullrich aseguró que “la soberanía está absolutamente resguardada”. La senadora sostuvo que el concepto de propiedad está contemplado en la Constitución y afirmó que una persona extranjera que vive en la Argentina debe contar con los mismos derechos y responsabilidades que un ciudadano argentino.

En ese sentido, planteó que los extranjeros pueden adquirir tierras, departamentos o fábricas y que no deberían existir restricciones sobre la cantidad de propiedades o hectáreas que pueden poseer. Para Bullrich, se trata de una cuestión vinculada con el derecho de propiedad y no con la soberanía.

Además, afirmó: “La soberanía es defender lo estratégico de la Nación”. Sin embargo, el proyecto oficialista busca eliminar límites en territorios donde la tierra puede adquirir un valor estratégico. Entre ellos se encuentran departamentos donde la participación de propietarios extranjeros ya supera el 40% o el 50%, especialmente en zonas cordilleranas donde se concentran recursos como el litio, el petróleo, minerales considerados críticos y pasos bioceánicos.

La iniciativa también elimina el porcentaje máximo de tierras que puede estar en manos de personas de una misma nacionalidad, un límite establecido por la legislación vigente y que podría beneficiar especialmente a capitales provenientes de Estados Unidos, uno de los principales países de origen de los extranjeros que poseen tierras rurales en Argentina.

En paralelo, el Gobierno libertario impulsa restricciones para los migrantes sin residencia permanente en el acceso a servicios públicos. En la Legislatura bonaerense, Agustín Romo presentó un proyecto para que los extranjeros que no tengan residencia permanente paguen por la atención en hospitales públicos y por el acceso a universidades provinciales.

A nivel nacional, las universidades públicas ya están habilitadas para cobrarles a los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Así lo recordó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien publicó en su cuenta de X: “Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el 28/05/2025”.

El decreto impulsado por Milei entra en tensión con el mismo artículo 20 de la Constitución Nacional al que Bullrich recurre para defender la posibilidad de adquisición de tierras por parte de extranjeros y, especialmente, con la Ley de Migraciones sancionada en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Aquella normativa puso el foco en los derechos humanos y modificó el rol del Estado frente al fenómeno migratorio, con el objetivo de garantizar el derecho de las personas a migrar.