La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni avanza hacia una instancia determinante.
En los próximos días, la fiscalía recibirá un informe técnico sobre su evolución patrimonial y, si encuentra inconsistencias, podría solicitarle que justifique el origen de sus bienes y movimientos financieros.
La investigación avanza hacia una definición
La investigación judicial que analiza el patrimonio de Manuel Adorni atraviesa una etapa considerada clave por los tribunales federales. Está previsto que este viernes la fiscalía encabezada por Gerardo Pollicita reciba un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado en el análisis patrimonial y financiero dentro del ámbito judicial.
Ese documento representa uno de los estudios técnicos más importantes del expediente porque examina en detalle la evolución del patrimonio del exfuncionario, sus ingresos declarados, sus gastos y los movimientos de dinero registrados durante el período investigado.
Según trascendió en el ámbito judicial, una vez incorporado ese informe a la causa, el fiscal quedaría en condiciones de definir los próximos pasos de la investigación.
Qué analiza la DAFI
La DAFI recibió durante los últimos meses documentación reunida por la fiscalía para reconstruir la situación económica de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
El organismo busca determinar si los ingresos declarados por ambos resultan compatibles con el patrimonio acumulado y con el nivel de gastos registrado durante los últimos años.
Entre los aspectos analizados figuran:
- viajes realizados al exterior;
- operaciones efectuadas en dólares;
- gastos abonados en efectivo;
- la compra de dos propiedades;
- la remodelación de uno de esos inmuebles;
- movimientos bancarios;
- utilización de tarjetas de crédito;
- operaciones con activos digitales.
El objetivo es establecer si existe una correspondencia entre los recursos declarados y el patrimonio acumulado o si aparecen diferencias que requieran una explicación adicional.
Los movimientos económicos bajo la lupa
Dentro del expediente judicial aparecen distintas operaciones económicas que actualmente son objeto de análisis.
Entre ellas se encuentran adquisiciones inmobiliarias y obras de remodelación por un valor aproximado de US$245.000.
Además, la causa incorpora documentación que reflejaría gastos superiores a US$408.000, junto con obligaciones financieras cercanas a US$335.000, cálculos realizados según la cotización vigente al momento de cada operación.
A esto se suma un elevado nivel de consumo mediante tarjetas de crédito durante 2025, que según la investigación alcanzó aproximadamente los $85 millones.
Todos estos datos forman parte del análisis patrimonial que realiza la fiscalía para determinar si los ingresos declarados alcanzan para justificar ese nivel de gastos.
También investigan operaciones con criptomonedas
Otro de los ejes de la investigación está relacionado con las operaciones realizadas mediante plataformas de criptomonedas.
La fiscalía solicitó información a Binance y Lemon Cash, empresas en las que Adorni habría tenido cuentas.
De acuerdo con los datos incorporados al expediente, el exfuncionario habría realizado movimientos cercanos a los US$100.000 en activos digitales durante el período bajo investigación.
El informe técnico deberá determinar cómo se integran esas operaciones dentro del patrimonio declarado y si cuentan con el debido respaldo documental.
Qué puede ocurrir después del informe
Si el análisis elaborado por la DAFI detecta diferencias relevantes entre los ingresos declarados y el patrimonio registrado, el fiscal Gerardo Pollicita podrá solicitar al juez Ariel Lijo la apertura de una nueva instancia procesal.
Se trata del denominado requerimiento de justificación patrimonial, una herramienta prevista para las investigaciones por enriquecimiento ilícito que permite exigir a un funcionario público que explique el origen de sus bienes cuando existen indicios de un incremento patrimonial que no puede justificarse con la documentación disponible.
Ese pedido no implica una condena ni una imputación definitiva, sino una instancia destinada a que el investigado aporte explicaciones y documentación que respalden su situación económica.
La explicación que dio Adorni
Hasta el momento, Manuel Adorni se refirió públicamente a la investigación en una entrevista televisiva, donde sostuvo que gran parte del dinero observado por la Justicia provendría de ahorros personales y de inversiones realizadas muchos años atrás.
Según explicó, disponía de aproximadamente US$200.000 que no habían sido declarados previamente y obtuvo además ganancias cercanas a los US$300.000 producto de inversiones en Bitcoin iniciadas en 2012.
Posteriormente modificó una declaración jurada patrimonial incorporando un monto de US$565.000 bajo el concepto de «venta de activos», aunque sin detallar específicamente cuáles fueron esos bienes o inversiones.
De acuerdo con la información incorporada a la causa, hasta el momento no existirían constancias documentales que acrediten esas afirmaciones, situación que también será evaluada por la fiscalía.
Qué sucede si las explicaciones no alcanzan
En caso de que el requerimiento de justificación patrimonial sea presentado y las explicaciones aportadas por Adorni resulten insuficientes para el fiscal, la investigación podría avanzar hacia una nueva etapa.
En ese escenario, Pollicita tendría la posibilidad de solicitar al juez Ariel Lijo la citación a declaración indagatoria, una instancia formal dentro del proceso penal en la que el investigado ejerce su derecho de defensa frente a una acusación concreta.
La indagatoria constituye uno de los pasos más relevantes dentro de una investigación penal, aunque no implica por sí misma una condena ni determina automáticamente la responsabilidad del acusado.
La feria judicial demorará los próximos pasos
Más allá de la recepción del informe técnico, los tiempos judiciales estarán condicionados por el inicio de la feria judicial de invierno.
Desde el 20 de julio los tribunales federales de Comodoro Py funcionarán con actividad reducida, por lo que no se esperan avances significativos durante las dos semanas de receso.
Una vez retomada la actividad normal, la fiscalía evaluará el contenido del informe patrimonial y definirá si corresponde avanzar con el pedido de justificación patrimonial o adoptar nuevas medidas dentro del expediente.
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