La iniciativa, que incluye modificaciones al régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros, cambios en las normas de expropiación, desalojos y manejo del fuego, será tratada en la Cámara alta. El oficialismo busca reunir los votos necesarios para su aprobación.
El Gobierno nacional intentará avanzar esta semana en el Senado con el tratamiento del proyecto denominado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», una iniciativa que propone una serie de modificaciones en materia de tierras rurales, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. El oficialismo busca obtener la aprobación de la propuesta en un escenario legislativo donde las negociaciones continúan y el resultado de la votación permanece abierto.
Entre los principales puntos del proyecto figura la eliminación de las restricciones generales para la adquisición de tierras rurales por parte de inversores extranjeros, además de cambios en los procedimientos de desalojo y en la legislación vinculada a los terrenos afectados por incendios.
Durante los últimos días, el oficialismo mantuvo conversaciones con distintos bloques parlamentarios para reunir el respaldo necesario. Según trascendió, el texto sufrió diversas modificaciones durante su tratamiento en comisión y continuó siendo objeto de negociaciones antes de su llegada al recinto.
Desde sectores de la oposición señalaron que trabajan para bloquear algunos artículos de la iniciativa, especialmente aquellos relacionados con la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.
El debate sobre la compra de tierras rurales
Uno de los aspectos centrales del proyecto plantea eliminar los límites generales establecidos por la legislación vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos o empresas extranjeras.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la normativa sancionada en 2011 «criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros» y defendió la propuesta oficial al diferenciar entre inversiones privadas y la participación de Estados extranjeros.
Desde el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en cambio, rechazaron esa interpretación y afirmaron que la legislación actual no prohíbe la compra de tierras por parte de extranjeros, sino que establece límites para evitar una concentración excesiva de la propiedad.
Según datos citados por ese organismo, actualmente alrededor del 5% de las tierras rurales del país se encuentra en manos de propietarios extranjeros, mientras que la ley vigente permite alcanzar un máximo del 15%.
Especialistas también señalaron que la discusión adquiere relevancia en zonas consideradas estratégicas por la presencia de recursos naturales, corredores bioceánicos y áreas de importancia económica.
Cambios en el régimen de expropiaciones
La iniciativa incorpora además modificaciones al régimen de expropiaciones.
Entre los cambios previstos, se propone limitar el alcance del concepto de utilidad pública y establecer que el Estado deberá abonar previamente la totalidad de la indemnización, actualizada e incluyendo intereses, antes de tomar posesión del bien.
Asimismo, el proyecto contempla que las compensaciones incluyan eventuales ganancias que el propietario pueda acreditar como consecuencia de la expropiación y fija un plazo máximo de 90 días para las ocupaciones temporarias de inmuebles.
Reformas en los desalojos
Otro de los capítulos del proyecto introduce modificaciones en los procedimientos de restitución de inmuebles.
La propuesta establece que quienes acrediten un derecho o interés legítimo sobre una propiedad podrán solicitar la restitución inmediata del inmueble y que el juez podrá resolver la entrega antes de la sentencia definitiva, siempre que considere reunidos los elementos necesarios para ello.
Durante las negociaciones parlamentarias se incorporó una excepción para viviendas ocupadas por familias con niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional, quienes dispondrían de un plazo adicional de diez días para concretar el desalojo.
Cambios en la Ley de Manejo del Fuego
El proyecto también propone modificar la Ley de Manejo del Fuego.
La iniciativa elimina las restricciones que actualmente impiden cambiar el destino de los terrenos afectados por incendios durante períodos determinados, una herramienta incorporada con el objetivo de desalentar incendios intencionales vinculados a desarrollos inmobiliarios o actividades productivas.
De aprobarse la reforma, quedarían sin efecto las limitaciones que impedían modificar el uso de los suelos incendiados para emprendimientos inmobiliarios o explotaciones agropecuarias.
Mientras continúan las negociaciones en la Cámara alta, el oficialismo busca reunir el respaldo necesario para avanzar con un proyecto que generó posiciones contrapuestas entre el Gobierno, sectores de la oposición y especialistas en materia de tierras y recursos naturales.
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